Un grupo de inversionistas internacionales ha pedido al gobierno español que reconsidere sus planes para recortar las costosas ayudas a la energía solar, argumentando que causarían una oleada de quiebras y más préstamos impagados para los bancos europeos.
Se espera que el gobierno español apruebe de forma inminente una norma que recortaría los incentivos a la energía solar fotovoltaica hasta un 30%, incluyendo a las instalaciones ya en marcha, según altos cargos de la industria solar española.
Tom Murley, director del equipo de energías renovables de la firma de capital riesgo HgCapital, dijo que los cambios representarían "una ruptura de la confianza" que incrementaría la incertidumbre regulatoria en la industria española de energías renovables.
"Si avanzan por ese camino, pondrán en peligro no sólo nuestras inversiones, sino las de todo el sector", dijo Murley, que representa a un grupo de 20 gestores de fondos de pensiones e inversionistas estratégicos en la industria solar fotovoltaica española.
En el último año, una serie de países europeos se han visto forzados a revisar su generoso sistema de incentivos para las energías renovables, con el objetivo de aliviar el recibo de la luz de los consumidores que ya están sufriendo duras medidas de austeridad y una crisis económica que ha disparado el paro.
Como Alemania, España ha funcionado con tarifas reguladas, que garantizan los precios a las tecnologías bajas en emisiones y aseguran a las compañías de renovables un retorno mayor del que lograrían si acudieran al libre mercado. Estas tarifas subsidiadas se han visto como un elemento clave si los países europeos querían cumplir sus ambiciosos objetivos para recortar las emisiones contaminantes.
En España, las plantas solares fotovoltaicas conectadas a la red hasta septiembre de 2008 recibían una tarifa regulada de EUR450 por megavatio hora de electricidad durante 25 años, en torno a 10 veces el precio que las eléctricas pagan por la energía producida a través de fuentes convencionales como el gas y el carbón.
Pequeños inversionistas corrieron a entrar en el sector para aprovecharse de los incentivos, construyendo grandes instalaciones de paneles solares a lo largo de España. El país tiene ahora una capacidad instalada de energía solar de 3.200 megavatios, más de seis veces lo que el gobierno esperaba tener para finales de 2010. Sólo el año pasado, se dedicaron 2.600 millones de euros en ayudas a la energía solar fotovoltaica.
Desde la crisis financiera y la subsecuente recesión, España ha estado intentando reducir el costo de las ayudas. En julio, alcanzó un acuerdo con la industria de energía renovables para recortar los incentivos a los proyectos eólicos y termosolares, pero sólo para proyectos nuevos.
Sin embargo, España ha tenido una actitud diferente con la solar fotovoltaica. El recorte que se está planeando para el sector afectará tanto a las antiguas instalaciones como a las nuevas.
Los inversionistas dicen que el recorte es retroactivo una afirmación que el gobierno niega. Bajo el actual sistema, se paga a los productores solares por toda la producción eléctrica que generan. El gobierno está estudiando imponer un límite al número de horas subsidiadas de las que pueden beneficiarse los parques solares, y no modificar en sí las tarifas. Murley dijo que se han invertido en el sector solar fotovoltaico español en torno a 20.000 millones, con al menos 8.000 millones de euros provenientes de inversionistas internacionales como bancos y fondos de pensiones, y el resto de bancos españoles e inversores privados.
Dijo que los cambios de tarifa podrían forzar a muchos productores solares a caer en la quiebra por sus deudas, lo que podría significar más rebajas contables para unos bancos españoles que ya están lidiando con préstamos impagados del sector inmobiliario.
