Catarsis en griego moderno significa limpieza y
depuración, y eso, catarsis, es lo que el sector solar fotovoltaico ha
recomendado aplicar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) dentro de
la consulta pública que este organismo regulador está realizando a los
distintos agentes sectoriales sobre posibles medidas de ajuste en el
sector eléctrico.
Unión Española Fotovoltaica (UNEF),
la federación que agrupa a las cuatro asociaciones fotovoltaicas
españolas, cree que las líneas centrales de esa necesaria catarsis deben
aplicarse de forma equitativa, simultánea y por partida doble.
En primer lugar, recomienda acabar
con el oligopolio en generación, distribución y comercialización de
electricidad, una concentración que ha venido agravándose en los últimos
quince años y que contraviene el sistema abierto, transparente y de
libre competencia reconocido en la vigente Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico.
En segundo término, plantea
repartir equitativamente el recorte de costes entre las distintas
tecnologías, y aplicar a la vez una batería de doce medidas esenciales,
para impulsar la modernización y eficiencia del sistema, con las que se
podría conseguir un ahorro superior a los 11.600 millones de euros.
Entre las posibles medidas de
ahorro, UNEF incluye el céntimo verde, liquidar las plusvalías obtenidas
por los Costes de Transmisión a la Competencia (CTC), establecer un
sistema de costes reconocidos a las distintas actividades de generación
eléctrica, y asignar a las renovables los retornos por asignación de
derechos de emisión de dióxido de carbono.
Aconseja también atenuar el
‘sobreaseguramiento’ de suministro, y que la tarifa a los consumidores
finales (TUR) se determine por el promedio real inmediatamente anterior,
y no por el actual régimen de subastas, que encarece artificialmente
los costes. Según UNEF, la simple aplicación de las medidas antedichas
permitiría resolver el actual déficit de tarifa sin que toda la carga
recayese en los consumidores.
Por otra parte, la federación
recomienda impulsar el autoconsumo familiar o local fotovoltaico, con el
que cada consumidor puede autogenerar una parte significativa de su
consumo eléctrico, exportar a la red la energía sobrante y recibir de
las eléctricas el soporte nocturno o complementario que necesite. A
medio plazo, la escalada de ahorro del autoconsumo resulta imparable, y
acrecienta su valor por cuanto otorga a los consumidores cierta
capacidad de interlocución en materia de electricidad
Opacidad contraria a la libre competencia.
Para la federación fotovoltaica, el
sistema eléctrico español está distorsionado por la capacidad de los
cinco grandes grupos eléctricos de influir significativamente en la
determinación del precio mayorista de la electricidad y de los peajes
regulados del sistema eléctrico. Ese pentapolio ha conseguido reforzarse
a pesar de que la Ley 54/1997 estableció la obligación de que las
entidades mercantiles separasen sus actividades de generación,
distribución y comercialización.
Para lograrlo, los cinco grandes se
han servido de la separación nominal entre sociedades de sus
respectivos grupos, gracias a lo que actualmente concentran el 70% de la
generación, el 90% de la distribución y el 80% de la comercialización
de la electricidad en España. A juicio de UNEF, esa concentración
vulnera el espíritu de separación de la Ley, que en realidad busca
garantizar un sistema abierto, transparente y de libre competencia.
De los 30.000 millones de euros
anuales antes de impuestos que componen la factura eléctrica anual total
de hogares y empresas, los cinco grandes facturan el 80%, un total de
24.000 millones de euros, de los cuales 5.000 millones se pagan a la
distribución y 11.000 millones de euros más a la generación adquirida a
sus propios grupos, lo que contradice el espíritu de liberalización
emanado de la vigente Ley del Sistema Eléctrico.
Además, una concentración tan
desmedida en todos los pasos del sistema les facilita alterar el precio
mayorista de la electricidad, por ejemplo empujando al alza los costes
reconocidos de las actividades de distribución, o incrementando el coste
energético para el consumidor final a través de las subastas CESUR.
Entre 1998 y 2010, las
retribuciones a la distribución se han incrementado un 95%, cifra que
duplica el alza del IPC en el mismo periodo, aunque los costes reales de
infraestructuras y explotaciones para la distribución han crecido muy
por debajo del IPC en esos trece años, y además han sido costeados por
terceros en una parte muy significativa. Los fotovoltaicos estiman que
un tratamiento adecuado de esos activos permitiría ahorrar hasta mil
millones de euros al año.
Asimismo, la presencia en las
subastas CESUR de empresas demandantes y oferentes de energía
pertenecientes a un mismo grupo les ha permitido orientar y alterar el
coste energético para el consumidor final, e incrementarlo
artificialmente. Sólo entre julio de 2009 y todo 2010, UNEF calcula que
el sobrecoste pagado por los consumidores en dichas subastas ascendió a
726 millones de euros, y en 2011 el sobrecoste rondó 300 millones de
euros más.
Recorte temporal equitativo de hasta el 5%
Como aportación a la difícil
situación del país, UNEF sugiere aplicar a cada coste tecnológico
reconocido en el sistema eléctrico una reducción lineal de hasta el 5%
anual, que podría mantenerse hasta que el PIB nacional creciese por
encima del 2% dos trimestres consecutivos. Ahora bien, para ser recortes
verdaderamente equitativos, con antelación deben derogarse las normas
retroactivas aplicadas a la fotovoltaica en 2010. Con los recortes
propuestos ahora, el ahorro para el sistema oscilaría entre 172 y 860
millones de euros anuales.
12 medidas para impulsar la eficiencia más de 11.600 millones.
En sus propuestas a la CNE, la
federación de asociaciones fotovoltaicas propone también ampliar las
interconexiones con Francia, para exportar a la Unión Europea más
recursos renovables españoles, y aplicar el céntimo verde, que gravaría
cada litro de combustible derivado del petróleo adquirido, y que
proporcionaría unos ingresos anuales superiores a los 400 millones de
euros por cada céntimo aplicado.
Plantea asimismo que los
beneficiarios reintegren el sobreprecio recibido por los CTC. Se trata
de unas retribuciones por valor máximo de 8.663,6 millones de euros
creadas para compensar los costes de la transición a un mercado de libre
competencia. En realidad, además de la cifra total prevista se han
pagado 3.300 millones de euros más, a los que hay que sumar otros 1.200
millones de euros por las plusvalías obtenidas en alguna venta de
activos a terceros. UNEF considera que esos 4.600 millones de euros
excedentarios deberían ser devueltos ahora al sistema.
Sacar las primas del pool e implantar costes reconocidos.
Asimismo, la federación solicita un
cambio sustancial en la fijación de costes del sistema, sacando del
precio del pool todas aquellas tecnologías que no están en condiciones
de determinarlo. Todas seguirían reguladas, pero sin incrementar los
costes del sistema, entre ellos las primas a las renovables, que serían
sustituidas por retribuciones razonables a integrar en el precio medio
de la energía, de acuerdo al desarrollo pasado y la evolución prevista
para cada tecnología. A la vez, al acercarse a costes reales de gran
hidráulica y nucleares, el mecanismo de casación de ofertas permitiría
importantes ahorros, en torno a 2.000 millones de euros anuales.
Por otra parte, el sector
fotovoltaico advierte de que, en la tecnología eólica y fotovoltaica,
las más próximas a alcanzar el punto de equilibrio en costes, los
ahorros obtenidos con la moratoria recientemente aprobada por el
Ministerio de Industria no compensarán los retornos que dejarán de
obtenerse en dichas tecnologías.
En el caso de la fotovoltaica, los
ahorros por la moratoria ascenderán a unos 70 millones de euros anuales,
pero a la vez supondrá que se dejen de ingresar 35 millones de euros en
ahorros de la balanza de pagos, 231 millones de euros más en retornos
al Estado y otros 150 millones de euros en IVA no repercutido. Además,
debería añadirse al menos unos 120 millones de euros por los subsidios
de los cerca de diez mil empleos directos e indirectos destruidos por la
moratoria en el sector fotovoltaico.
En Canarias, las compensaciones
extrapeninsulares en electricidad tienen un coste anual superior a los
1.000 millones de euros. Por su interés social, en UNEF creen que dichas
compensaciones podrían trasladarse a los Presupuestos Generales del
Estado, y además abaratarse mediante el fomento de energías renovables
como la solar fotovoltaica, en vez de seguir anclados en una generación
ordinaria de derivados del petróleo plenamente obsoleta.
Además, los derechos de emisión de
gases contaminantes deberán ser efectivamente asignados desde 2013.
Desde el momento en que las renovables aumentan el límite de toneladas
de dióxido de carbono asignadas, deberían considerarse ingresos para el
sector eléctrico, y su valor podría superar los 500 millones de euros
anuales.
Garantía y calidad de suministro a precio de mercado.
En UNEF creen que las garantías
para el suministro existentes en el sistema español están
artificiosamente sobredimensionados e irrogan sobrecostes innecesarios
al consumidor. Por ejemplo, consideran que el principio de que cada
kilovatio renovable exige otro de generación convencional es interesado y
está más que obsoleto, y que de los 700 millones pagados por los
clientes en 2011, podrían haberse ahorrado más de 400. Igual sucede, a su juicio, con las
compensaciones extrapeninsulares o con los costes por interrumpibilidad.
Sólo en 2011, este último servicio ha supuesto un sobrecoste al sistema
de 522 millones de euros claramente prescindible.
Además, en moratoria nuclear,
ayudas al carbón y coeficiente de pérdidas en barras de central, UNEF
apunta que, en el entorno actual de crisis, convendría establecer una
carencia a la compensación de proyectos nucleares, suprimir por su
carácter obsoleto las ayudas a la industria nacional del carbón, y
reevaluar por sobredimensionadas las ratios de pérdidas aplicadas a la
tarifa eléctrica. Sólo con esas tres medidas el ahorro obtenido podría
superar los 2.377 millones de euros.
UNEF. Doce medidas para incrementar la eficiencia y ahorrar costes en el sistema eléctrico español |
I/ Medidas para la sostenibilidad del sistema
|
01 |
Fomento de la competencia.
Eliminar la actual concentración de generación, distribución y
comercialización entre cinco grandes, porque así pueden incrementar
artificialmente los precios |
02 |
Tasa temporal de eficiencia.
Reducción lineal de hasta el 5% a todos los costes reconocidos del
sistema mientras el PIB español no vuelva a crecer por encima del 2%
dos trimestres seguidos. Implicaría la supresión de las medidas
retroactivas tomadas por Miguel Sebastián en 2010. |
Ahorro de entre 172 y 860 millones anuales
|
03 |
Exportar más energía verde.
Al ampliar redes de interconexión con Francia, España podría
exportar a la Unión Europea recursos renovables y sentar las bases de
una actividad económica sostenible y beneficiosa para nuestra
balanza comercial |
04 |
Céntimo verde.
Para cumplir con el compromiso comunitario de que, en 2020, el 20%
de la energía primaria total sea renovable, parece lógico gravar a
los combustibles fósiles con un céntimo por litro adquirido,
aplicándoles el criterio de ‘quien contamina paga’. |
Ingresos anuales mínimos de más de 400 millones de euros
|
05 |
Liquidar los CTC.
Los Costes de Transición a la Competencia se aprobaron para
facilitar el paso a un mercado competitivo. La Orden ECO 1.588/2002
los cifró en 8.663,6 millones. Su importe real ha superado los 12.000
millones de euros. Hay sobreprecio de 3.300 millones, más las
plusvalías de 1.200 millones por alguna venta a terceros. Deberían ser
reintegrados |
Devolución de unos 4.600 millones de euros
|
II/ Cambios en las actividades reguladas
|
06 |
Cambio a un sistema de costes reconocidos.
Sacar del mercado mayorista todas las tecnologías que no pueden
competir en la formación del precio unitario. Regularlos con
retribuciones razonables; adecuar ingresos de gran hidroeléctrica y
nuclear a su coste; eliminar de los peajes la parte de generación, y
suprimir las primas equivalentes. |
Ahorro anual en torno a 2.000 millones de euros
|
07 |
Transparencia de los costes de distribución.
Los costes globales de mantenimiento apenas han subido, muchas
infraestructuras se sufragan por terceros, y el mantenimiento
reglamentario muchas veces se cobra dos veces, una al sistema y otra al
particular. Un adecuado tratamiento de los activos permitiría aflorar
la eficiencia y compartir el ahorro entre todos. |
Ahorro anual de hasta 1.000 millones de euros
|
III/ Cambios en cogeneración, renovables y residuos
|
08 |
Democratización eléctrica. Autoconsumo (balance neto).
Potenciar el autoconsumo para que sea competitivo cuanto antes
frente a la generación ordinaria, resulta eficiente y sostenible. |
09 |
Reactivar la implantación renovable.
Especialmente la eólica y la fotovoltaica, próximas a no requerir
ayudas si mantuviesen su desarrollo fabril, y cuya actividad, en caso
de no paralizarse por la actual moratoria, generan muchos más
retornos que el ahorro obtenido a su costa. |
10 |
Armonización estatal y autonómica.
Los procedimientos administrativos de construcción, explotación,
generación y evacuación deberían ser homogéneos y armónicos, mediante
la unificación y refundición de toda la normativa básica existente
para renovables. |
11 |
Asignación a las renovables de los retornos por CO2.
A partir de 2013, los derechos de emisión deberán ser efectivamente
asignados. Las renovables aumentan el límite de toneladas de CO2
asignados, y deberían considerarse ingresos para el sector eléctrico. |
Ingresos anuales superiores a 500 millones de euros (mínimo)
|
IV/ Medidas para alentar eficiencia y competencia en el mercado mayorista
|
12 |
Garantía y calidad de suministro a precio de mercado. Están sobreasegurados e irrogan sobrecostes innecesarios al consumidor, al menos en los siguientes ámbitos. |
12.1. Potencia
de respaldo. El principio de que cada Kw renovable exige otro de
generación convencional es interesado y está más que obsoleto. El
sistema está artificiosamente sobredimensionado. De los 700 millones
pagados por los clientes en 2011, podrían haberse ahorrado más de
400. |
Ahorro anual mínimo de 400 millones de euros anuales
|
12.2. Costes
por interrumpibilidad. Sólo en 2011, este servicio ha supuesto un
sobrecoste al sistema de 522 millones de euros claramente
prescindible |
Ahorro anual de 522 millones
|
12.3.
Compensaciones extrapeninsulares. En 2011 superaron los 1.000 millones
de euros. Por su interés social, podrían trasladarse a los
Presupuestos Generales del Estado, y abaratarse mediante el fomento
de energías renovables como la solar fotovoltaica. |
Ahorro de 1.000 millones de euros
|
12.4. Moratoria
nuclear, ayudas al carbón y coeficiente de pérdidas en barras de
central. En el entorno actual de crisis, convendría establecer carencia a
la compensación de proyectos nucleares, suprimir por obsoleto las
ayudas a la industria nacional del carbón y reevaluar por
sobredimensionadas las ratios de pérdidas aplicadas a la tarifa
eléctrica |
Posible ahorro acumulado superior a 2.377 millones de euros entre las tres
|
Posible ahorro total obtenido (en millones de euros) |
Más de 11.600
|
Sobre UNEF
La Unión Española Fotovoltaica
(UNEF) es una federación integrada por las cuatro asociaciones
fotovoltaicas de ámbito nacional, la Asociación Empresarial Fotovoltaica
(AEF), la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías
Renovables (ANPER), la Sección Fotovoltaica de la Asociación de
Productores de Energías Renovables (APPA Fotovoltaica) y la Asociación
de la Industria Fotovoltaica (ASIF). En conjunto, UNEF representa a más
de 4.300 empresas, entidades y productores fotovoltaicos.
Fuente: http://www.unef.es